CAMPECHE, Cam. (apro).-
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Apicultores y representantes de comunidades mayas exigieron este día al Poder Judicial Federal hacer efectivo el derecho a la consulta frente a la siembra de soya transgénica.
Ante la proximidad de las sentencias relativas a los juicios de amparo 753/2012 y 762/2012, presentados por apicultores contra el permiso otorgado por la Sagarpa a la transnacional Monsanto para la siembra de soya genéticamente modificada, los inconformes solicitaron al juez Mario Toraya que haga efectivos sus derechos a la consulta y a un medio ambiente sano protegidos por la Constitución y diversos tratados internacionales.
También recordaron que el 6 de junio de 2012, la Sagarpa, otorgó un permiso para la liberación al ambiente en fase comercial de soya genéticamente modificada, destinada a sembrarse en 253 mil 500 hectáreas en cinco polígonos que se ubican en la Península de Yucatán, Chiapas y la planicie Huasteca.
En el caso de Campeche, el permiso afecta a los municipios de Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Tenabo, Calkiní, Escárcega, Carmen y Palizada.
Es por ello que cinco asociaciones de apicultores que representan a más de 50% de los productores en la entidad, así como las autoridades de las comunidades mayas de Pakchen y Cancabchen, presentaron amparos en contra del permiso, los cuales recayeron en el Juzgado Segundo de Distrito de Campeche.
En ambos amparos se denunc
ia la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada de los pueblos indígenas, pues la siembra de soya transgénica afecta fundamentalmente el territorio maya, pero también una de las actividades fundamentales de ese pueblo, que es la apicultura.
La siembre de soya transgénica, advierten los quejosos, es incompatible con la actividad apícola, por el riesgo inminente de contaminación de ese producto ancestral.
“Tan es así que tanto instituciones gubernamentales como la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) e Instituto Nacional de Ecología (INE), como centros académicos, como El Colegio de la Frontera Sur, desaconsejan la siembra de soya transgénica dados los efectos que para la producción de miel, el medioambiente y la salud podrían producirse”, advirtieron.
Durante la entrevista con el juez, los representantes de las comunidades apícolas hicieron entrega de una copia del dictamen elaborado por los ocho expertos que participaron en la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos Políticas, efectuada recientemente en Maní, Yucatán, en el que los dictaminadores reconocieron la importancia de la lucha de las comunidades apícolas mayas contra la implantación sin consulta de monocultivos de soya transgénica resistente al glifosato.
También se le hizo notar al juzgador la trascendencia de su decisión, ya que lo que está en juego es la supervivencia de la actividad apícola que, en caso de perderse, provocaría enormes daños económicos, sociales, culturales, medioambientales y de salud.
“La preocupación se incrementa ante el creciente impulso a la siembra de soya transgénica por parte del gobierno federal, así como ante la complicidad del gobierno del estado de Campeche, quien a pesar de haberse comprometido públicamente el 24 de mayo pasado a no sembrar soya OGM, durante 2013 se sembraron miles de hectáreas de este transgénico en la entidad, con los riegos sociales, culturales y ambientales que eso implica”, denunciaron.
Por último, advirtieron, “es preciso insistir en que, a más de año y medio de haberse presentado los juicios de amparo, resulta preocupante que el Poder Judicial Federal aún no emita una resolución al respecto, hecho que ha beneficiado a Monsanto y a quienes siembran la soya transgénica”.
